Palabras Libres
Por: Ara Morales
Iván Contreras Compositor en su cuenta de Facebook compartió un vídeo que grabó el pasado mes de marzo a las 5:45 de la mañana, y narraba: “es impresionante el grado de contaminación que de la empresa Senseint ha provocado en estas últimas semanas.
El lunes una descomunal cortina de humo invadió las zonas cercanas a la empresa, e incluso colonias cercanas como Arboledas estaban llenas de humo, lo pude constatar desde Avenida Constituyentes”.
Su mensaje terminaba así: “Personas que vivimos cercanas a esta empresa han comenzado a presentar infecciones graves en ojos, picazón en garganta que no se quita para nada.”
Después, hubo algunas denuncias ciudadanas en redes sociales y medios de comunicación; ese día cesaron las emisiones de humo por parte de la empresa. Pero al día siguiente de igual manera, comenzó la humareda.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, un mal efecto en la salud es cualquier experiencia que provoque malestar a nivel, tanto físico como emocional o mental, desde este punto de vista, la contaminación por humo y malos olores no es en asunto menor.
La contaminación que se vive en Celaya, es DESDE HACE DECADAS. Es evidente que de manera extraña los funcionarios del Ayuntamiento NO REGULAN LAS EMISIONES CONTAMINANTES al ambiente DE NUESTRA CIUDAD. Es decir, no protegen nuestra salud.
La contaminación por malos olores es una problemática de salud pública, aunque algunos actores de la sociedad no lo vean de esa manera. En diferentes investigaciones se ha encontrado que los olores ofensivos sí generan enfermedades a las personas, tales como: irritación de garganta, pérdida del apetito, náuseas, vómito, dolor de cabeza, insomnio.
Además, puede generar problemas respiratorios, y cardiacos; estados de ánimo afectados, como ansiedad y depresión, e incluso cáncer; teniendo en cuenta lo anterior, los gobiernos deben atender las quejas y buscar soluciones prontas, en lugar de aplazarlas.
La inconformidad ciudadana crece cada día porque comprenden que no es sano ni agradable vivir respirando aire de mala calidad como resultado de malas prácticas laborales, empresariales, y por la omisión de la responsabilidad que tiene el municipio.
Es obligación de las autoridades garantizar el derecho humano de los ciudadanos a un ambiente sano, velar por su salud física y mental cuando se ven amenazados por este tipo de contaminación, los ciudadanos deben conocer la normativa que rige el funcionamiento de las industrias y el desarrollo de actividades generadoras de desechos y de malos olores, y de la normativa que existe en favor del bienestar de los ciudadanos.
Desde el año 2000, ciudadanos celayenses han denunciado la contaminación por malos olores, y recientemente, dichas denuncias se han presentado en la Dirección de Medio Ambiente. En respuesta algunas empresas contaminantes han recibido multas económicas que no les afectan en sus finanzas, ni a sus procesos sucios. Pero tampoco la ciudadanía ha escalado a otras formas de solución como la movilización, y la denuncia ante tribunales.
En el 2015 se hicieron denuncias públicas, y seis años después, en Octubre del 2021, de buena voluntad, solo tres empresas: Bachoco, Senseint Flavors y Coprice firmaron el Convenio Pro-Aire, éstos convenios, según las autoridades ambientales, responden a la necesidad de los gobiernos de contar con un instrumento de carácter preventivo y/o correctivo en materia de calidad del aire y protección a la salud, así como para dar cumplimiento al marco jurídico aplicable en esta materia, pero eso ha sido letra en terapia intensiva.
Estos programas, según ellos, buscan Fomentar la participación del gobierno federal, estatal y municipal, así como de la industria, la academia y la sociedad civil organizada, en la atención de la problemática de contaminación del aire; generar un diagnóstico de las causas que influyen en la calidad del aire en la zona de estudio; identificar las principales fuentes de emisión de contaminantes del aire; y finalmente, la cereza del pastel de un discurso simulador y mentiroso: definir medidas y acciones enfocadas en la reducción de emisiones, fortalecimiento institucional, protección a la salud, estrategias de comunicación y educación ambiental.
En el convenio Pro-Aire firmado en octubre del 2021, la actual Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mantilla expresó: la exposición a altos niveles de contaminación no sólo puede afectar las vías respiratorias, sino también generar problemas cardiacos e incluso producir cáncer. A pesar de ello, al mes de abril del 2022, no se registraba evidencia de mejora de los procesos industriales, y los ciudadanos continuaban manifestando su malestar en las redes sociales por los malos olores. Como respuesta, el alcalde Javier Mendoza Márquez, así como el Director de Medio Ambiente, Gastón Peña –que ya tiene casi 5 años en el mismo puesto-, señalaban “que no es competencia municipal revisar los procesos industriales, sino que le compete a la Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, y a la Procuraduría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial”, pero omiten que ellos dan el permiso de uso de suelo para su instalación, y que su responsabilidad es garantizar los derechos que la Constitución Estatal y Federal nos brindan.
Pero lo grave, es su omisión, por ignorancia o por irresponsabilidad de la normativa municipal, incluyendo a los 14 miembros del Ayuntamiento. De hecho, el Reglamento Municipal de Ecología en el artículo 8, apartado I, señala que es su responsabilidad, “elaborar un Programa Municipal de Preservación, Protección y Sustentabilidad Ambiental como programa sectorial del Programa de Gobierno Municipal, derivado del Plan Municipal de Desarrollo V: Promover y fomentar el conocimiento en materia ambiental, para inducir la transformación de las actividades que impactan al ambiente, hacia el desarrollo sustentable.
Pero el Reglamento va más allá: VI: Prevenir, mitigar, regular y compensar la contaminación y el deterioro ambiental en sus distintas formas; XIII: Realizar acciones y actos jurídicos necesarios para el mejor desempeño de su objeto dictaminando acuerdos, convenios, resoluciones e instrumentos jurídico administrativo; XVIII. Ordenar y practicar las visitas de inspección y verificación, así como realizar las acciones de vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental. Más claro ni el agua, pero cuando le quieren dar vuelta a sus obligaciones, la lengua no se les traba ante los micrófonos, ni se les arruga la corbata.
Por otro lado, las empresas actualmente están obligadas a certificar la calidad de sus procesos, y actuar con responsabilidad social. En las páginas web de las empresas que firmaron el convenio Pro-Aire, describen que entre sus misiones, visiones, valores y políticas de calidad se ocuparán de trabajar en el impacto ambiental de sus procesos. Pero eso, tiene muy poca solvencia en los hechos.
Para que se vea el tamaño de la incongruencia, le comparto un breve resumen de las tres empresas que de “buena voluntad” firmaron el convenio Pro-Aire en el municipio de Celaya: “Coprice, consultoría en procesos industriales del Centro, es una empresa joven creada a mediados del año 2009 por especialistas en las diversas áreas industriales y de manejo sustentable de los residuos; su objetivo es estación de servicios, con una mística de trabajo basada en la honestidad, eficiencia, lealtad, compromiso y atención…”.
En su visión dicen “Ser parte del desarrollo industrial y social teniendo como base la calidad, la productividad, el desarrollo humano y la responsabilidad social”. Sin embargo, en agosto 2021 fue multada con 17 mil pesos por no cumplir con una licencia de funcionamiento, y a partir de esa fecha tenían tres meses para cumplir con los requerimientos para dejar de emitir malos olores implementando filtros…pero hasta el día de hoy no lo ha cumplido.
La empresa Senseint Flavors, “la ciencia del sabor”, es una “casa saborista con presencia a nivel global” y produce en su planta en Celaya: sabores y potenciadores de sabor, modulares de sabor, extractos naturales, enmascaramiento y soluciones naturales, con 125 años de antigüedad. En febrero del 2016, recibió de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial el Certificado Ambiental Empresa Limpia en las instalaciones de la empresa.
La entrega la realizó el Arq. Juan Pablo Luna Mercado, Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial… “con el objetivo de alentar a las industrias al cumplimiento voluntario de la normativa ambiental vigente”. Pero los ciudadanos la reprobarían a la primera olfateada.
Senseint Flavors lo recibió “para seguir siendo líder en la aplicación de nuevas tecnologías amigables con el ambiente y los recursos naturales.” El Arq. Luna Mercado en su discurso de febrero de 2016, aseguró que “seguirá sumando esfuerzos para transformar a Guanajuato en un estado garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía”. Otra burla a quienes viven en los alrededores de esa empresa.
En 1974 Bachoco se instaló en Celaya. Es una empresa sonorense, multinacional, con ingresos superiores a 4 mil millones de dólares, y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. En su página web su visión es “ser la empresa de alimentos multi-proteínas más importante en México, y a nivel internacional, enfocada en la nutrición de la población, y en brindar un servicio superior a nuestros clientes, basándonos en la calidad, sustentabilidad y excelencia en todo lo que hacemos”. Está claro que para los celayenses “su sustentabilidad” apesta y enferma desde el año 2000.
Pasará esta administración como las otras 6 sin ensuciarse la nariz, y si somos sensatos, entenderemos que la solución no está en las narices de las empresas, ni en la de este gobierno municipal, sino en los ciudadanos. Usted cada tres años los vota, los elige, ya es tiempo de pensar de manera más cuidadosa, y no darles un cheque en blanco para que ellos pongan la cifra, y las burlas. ¡Piénselo!
AL FINAL.
El poder de los ciudadanos es enorme.
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