Por Ara Morales
Una de las manifestaciones más graves de la crisis humanitaria por la que atraviesa el estado de Guanajuato, es el desplazamiento interno forzado de la población. Son miles los guanajuatenses que en los últimos años se han visto obligados a abandonar sus tierras, casas, negocios y a emprender un incierto camino de huida que los lleva, en una gran proporción, a las grandes ciudades del país o de otros países, principalmente Estados Unidos o Canadá, en donde tienen que desarrollar formas de supervivencia en medio de la insolidaridad social, y la incapacidad de los tres niveles de gobierno en México para reconocer y encarar este fenómeno.
En el 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportó que 183 mil ciudadanos dejan anualmente la entidad, de esa cifra, más de 5400 guanajuatenses decidieron dejar sus municipios por causa de la violencia e inseguridad. Por primera vez en el Censo de Población y Vivienda, se incluyó la variante de uno de los efectos de la violencia criminal que vive el Estado de Guanajuato: el desplazamiento forzado, que es de los fenómenos menos documentados.
La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato, que atiende a personas víctimas de delitos federales y violaciones a derechos humanos, de la que es titular Jaime Rochin del Rincón, reporta que al 25 de Agosto del 2022, tanto la Fiscalía del Estado de Guanajuato, y la Comisión de la que es titular, han apoyado a 20 personas por desplazamiento forzado, dijo: “son casos específicos de personas específicas en esos municipios, y en otros por ejemplo cerca de Celaya, Salvatierra, Los Apaseos, en toda esa zona hemos tenido casos en donde hemos tenido que acompañar a algunas personas, que por el riesgo han tenido que desplazarse o dentro del estado o fuera del estado”.
Además, el comisionado señaló que los desplazamientos en muchas ocasiones son debido a amenazas, ya que ninguna persona es víctima de manera directa, pero que hay un peligro constante de que se conviertan en víctimas. Rochin del Rincón destacó que los casos de desplazamiento son debido a delitos como desapariciones y homicidios principalmente.
El desplazamiento interno forzado de la población ha llamado la atención de la comunidad internacional y, en particular de la Organización de las Naciones Unidas, que desde de los años noventa estableció una oficina permanente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como de numerosas organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras que desarrollan programas de prevención del desplazamiento y atención de los desplazados.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, informó que entre el 2020 y el 2021 se cuadruplicó -sí, leyó bien-, se cuadriplicó el número de desplazados dentro del territorio nacional; pasó de 9740 a 44900 aproximadamente. Eso significa un éxodo de personas que tienen que abandonar sus lugares de vida, su patrimonio por violencia relacionada con narcotráfico, violencia política, intolerancia religiosa, labor periodística, violencia territorial para arrebatarles sus recursos naturales: tierras agua, litio, madera, oro, plata, cobre, piedras preciosas; otros fenómenos son la desaparición, y la trata de personas.
Esto implica varias cosas, primero se trata de un desplazamiento reactivo, esto significa que no está planeado, está fuera de todas las condiciones para emigrar; la gente abandona su patrimonio, su ropa, muebles, recuerdos y documentos, por lo tanto, se queda en cero literalmente, y muchos de ellos están optando por llegar a las ciudades de la frontera de México como Ciudad Juárez, o Tijuana para pedir asilo político y humanitario en Canadá o Estados Unidos.
De acuerdo con Luz María Salazar y Álvarez Lobato, investigadores del Colegio Mexiquense A.C., el Desplazamiento Interno Forzado es un proceso de movilidad poblacional reactivo, que atraviesa 5 etapas: 1) La toma de decisión, es decir, el período de tiempo que necesitan las personas para dimensionar el riesgo o peligro en el que se encuentran. En esta etapa se inicia el diseño de la huida o salida de sus casas, y la preparación de los mínimos o básicos bienes necesarios; 2) la implementación de la salida, se inicia el desplazamiento individual, familiar o colectivo según se haya planeado. En ocasiones, la población que es forzada a desplazarse no puede implementar la salida como función de algún plan, sino que tiene que improvisar la salida ante la inminencia de las amenazas.
Sigo: 3) El tránsito, puede ser quizá el capítulo más largo y penoso del desplazamiento para la población. El tránsito incluye la salida, el abandono de su residencia, patrimonio, herencia, negocios, la pérdida de su cotidianidad, la forma de vida; incluye las diferentes estancias en las localidades de llegada o asentamientos temporales o albergues, las dificultades del transporte y la movilidad; la incertidumbre del futuro inmediato. En este sentido, el escenario de lo incierto inunda las expectativas de vida que un individuo y su familia habían construido en su historia de vida. Iniciar el tránsito del desplazamiento representa un escenario de dificultades inimaginables.
El asentamiento: 4) Lograr un asentamiento en un lugar diferente al de salida, representa un logro extraordinario para un desplazado forzado por la violencia. No obstante, representa también el reinicio de una forma de vida, adaptación, aclimatación, superación subjetiva de una experiencia atravesada por rupturas y traumas; para el desplazado, reasentarse significa enfrentar las dificultades de empezar sin recursos, pues tuvo que abandonarlos; es decir, debe de diseñar una sobrevivencia a partir de las dificultades de no tener historia social, redes, arraigos, trayectorias en el nuevo medio.
Finalmente, el retorno eventual: 5) es una dinámica muy arriesgada para las personas, pues las condiciones que generaron los desplazamientos no cambian en el corto tiempo. El o los que retornan pueden enfrentar las desventajas de haber abandonado sus bienes, de encontrar nuevos regímenes de autoridad, de no encontrar a su familia, parientes, o vecinos. El retorno es también una decisión existencial difícil en el sentido de que es preferible asumir los límites y riesgos de regreso, porque no se tiene a dónde ir.
El Desplazamiento Interno Forzado por violencia, se origina en conflictos estructurados frente a los que las instituciones de control del Estado Mexicano no pueden garantizar protección a sus ciudadanos, o a la población, y ésta por sí sola, no se puede defender. Los conflictos se estructuran en una amplia red de abusos contra los Derechos Humanos, la fuerza de trabajo, el patrimonio, la tierra. En este sentido, reprimir a los habitantes o comunidades, requiere de una capacidad coactiva que se instrumenta en organizaciones con capacidad militar de choque, como sería el caso de grupos de narcotráfico, paramilitares y de autodefensas regionales como las que surgieron en diferentes zonas de Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca.
Desde hace años en Guanajuato y todo el país, la crisis de los migrantes centroamericanos generó, o más bien puso en evidencia el problema de coordinación entre los tres niveles de gobierno: los alcaldes no tienen la capacidad financiera para otorgar los mínimos de servicios público, no tienen ni la infraestructura, ni los recursos humanos, ni la capacidad para atenderlos, de nada sirve que los tres niveles de gobierno los inviten a cruzar por nuestro país si no les puede garantizar alimentación, atención sanitaria y seguridad, es más, ni siquiera es capaz de brindarlo a los ciudadanos de México.
Al desplazamiento interno en nuestro país, tenemos que agregarle la migración internacional: se están formando cinturones verdaderamente preocupantes que están por llegar a una crisis humanitaria en las fronteras, tanto la Norte como la Sur de México, porque no hay infraestructura, no hay presupuesto, y como resultado existen personas abandonadas a su suerte. Es un tema que tiene dimensiones enormes, más grandes de lo que reconocen las autoridades, y que requieren atención urgente.
En este momento hablamos de la crisis de desplazados internos por violencia, la que estaba prevista era la de refugiados por problemas de cambio climático, por sequías e inundaciones, tanto organizaciones como investigadores nos aseguraban que iba a llegar, pero lo que está ocurriendo es distinto, la violencia y la delincuencia están haciendo estragos, y no se ve la forma de pararlas. El Estado está completamente rebasado, hay que echar a volar la imaginación y actuar antes de que todo se nos vaya de las manos. La gente está huyendo de su hogar.
AL FINAL.
La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato para este 2022, cuenta con un presupuesto de 29.1 millones de pesos, y ha ayudado a 20 personas por desplazamiento forzado, es decir menos del 1% de los 5400 guanajuatenses en promedio que abandonan el Estado por la violencia, su comisionado está solicitando más presupuesto para realizar sus actividades.
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