El ejército, la última apuesta

Por José Luis Ramírez

En el mes de la patria la alarma nacional se encendió por la imparable ola de violencia y crimen que genera incertidumbre en todo el país. El debate legislativo por las tareas de seguridad que realiza el ejército y la marina, acompañando en las tareas de seguridad a la Guardia Nacional, dividió a los partidos políticos opositores, e incluso al mismo partido en el poder, Morena.

Por un lado, la oposición PRI, PRD, PAN rechazaban que la Guardia nacional fuese integrada a la Sedena y la operatividad de la seguridad publica recayera en ella, porque eso significaba la “militarización del país”, y violentaba la Constitución, eso hizo polvo a todos; por otro lado, la propuesta del PRI, de ampliar el plazo para que la SEDENA y la MARINA siguiesen interviniendo en tareas de seguridad hasta el 2028, ya que este vencía en el 2024, fue la idea salomónica que permitía continuar con la estrategia de seguridad del gobierno federal.

El debate político dejó de lado la criminalización de la vida cotidiana, el adelanto de las reformas constitucionales para aliviar la crisis de seguridad, y la certidumbre jurídica al actuar de la Sedena. La idea era regresar a sus cuarteles a los militares en el 2024, dejando a cientos de miles de mexicanos en la absoluta indefensión, eso no solo era absurdo, sino un suicidio.

Reconocer la crisis de seguridad, en el mes de los desfiles militares fue un gran acierto, porque a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, que cuenta con más de 118 mil efectivos, y del apoyo del ejército y la marina, muchos estados y municipios del país se han convertido en territorios de poder económico e incluso político del crimen organizado. El ciudadano presidente López Obrador, habló de complicidades, con relación a Guanajuato.

Guanajuato ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos, era la cuna del huachicol, el consumo de drogas creció a niveles alarmantes, y los tres importantes municipios del Estado, León, Irapuato, y Celaya se han convertido en el escenario más brutal y sanguinario de todo el país. Es decir, la policía municipal y estatal, han sido rebasadas por el crimen organizado, y la presencia de la SEDENA y la Marina aliviaron un poco la inseguridad y el terror, pero no lo eliminaron desde el 2019 en que salieron a las calles.

¿Qué hacía falta? ¿Qué propusieron los partidos políticos? Le puedo decir qué nada. Le dejaron la responsabilidad al ciudadano Presidente, y este ha jugado su última carta, confiar en la SEDENA, ampliando su permanencia en las calles hasta el 2028. Si la Guardia Nacional no mejora su actuación y profesionalización, si no diseña una estrategia de contención de los actores políticos cómplices del crimen organizado, todo seguirá como hasta ahora.

La grilla desatada en las últimas semanas entre los partidos políticos es una vulgar discusión bizantina, porque son organismos vinculados a todo tipo de historias de corrupción y delincuencia organizada de cuello blanco. El debate nacional, a estas alturas es claro y preciso: ¿Quién puede garantizar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos? ¿Quién puede impedir que el futuro y la salud de cientos de miles de niños, y jóvenes sea destruida por las drogas? ¿Quién puede impedir que la omisión de la ley, la complicidad, la corrupción y la impunidad siga siendo el blindaje de políticos y gobernantes?

Hace 7 días, el 13 de septiembre mientras las autoridades municipales, estatales y federales, conmemoraban el 175 aniversario de la defensa heroica del Castillo de Chapultepec por un grupo de jóvenes, llamados “Niños Héroes”, a 10 minutos de ese lugar, cuando todavía los discursos y los saludos estaban frescos en la memoria, ocurrió en Celaya el asesinato de 2 jovencitas de un grupo de 5, a las otras 3 se las llevaron vivas, y por la fuerza.

Para ellas, no hubo operativos de búsqueda, el helicóptero no sobrevoló la zona, los forenses levantaron los cuerpos inertes y se fueron. Todo parece irreal, parece que a nadie ya le importa la vida o la muerte, mientras no sean sus hijas o sus hermanas. En ese homenaje a los niños héroes, estaba Libia Denisse García Muñoz Ledo, Secretaria de Gobierno del estado de Guanajuato, pero no dijo una palabra, las jóvenes muertas y desaparecidas no eran “niñas héroes”, solo vendían enseres domésticos casa por casa para sobrevivir a la patria.

Justo ese día, también un grupo de regidoras y sindicas del Ayuntamiento, viajaban, parecía paseo, y agradecían a través de las redes sociales la hospitalidad de la regidora Cholico Torres, y de su esposo, el expresidente municipal Polo Almanza, en su casa de San Miguel de Allende. No hubo ningún mensaje de consternación por los hechos de sangre, y por ser mujeres.

Ese martes 13, a 12.2 kilómetros de distancia del levantón de las 3 jóvenes, y cuatro horas después, se confirmó la ejecución de dos mujeres más. No hay datos oficiales que vinculen los hechos, pero el silencio dice mas que mil palabras. En el peor de los casos son 4 mujeres asesinadas, y tres raptadas; en una suma menos grave, hay una joven desaparecida. El presidente municipal, como ya es costumbre guardó silencio; la Guardia nacional, en cambio, había informado esa mañana que hay 6 mil efectivos que patrullan Celaya y la región laja bajío, pero nadie reportó su presencia buscando a las jóvenes “levantadas”.

Esas 4 mujeres con nombres y rostros anónimos, no recibirán decenas de coronas de flores en la Presidencia municipal, y quizá sus familias no reciban una sola flor, ni una condolencia, ni una brizna de compasión por su duelo, pero su realidad es un lamentable ejemplo de lo que pasa afuera de los espacios legislativos, de la grilla, del glamur y la frivolidad de la política, esa es la realidad que un hombre en su soledad, entre los gruesos muros de Palacio nacional no alcanza a enfrentar porque lo han dejado solo. El pueblo no encuentra como salvarse, y salvar a la patria.

Revolcadero.
En Guanajuato, la rueda de la historia dio un giro, hoy es la cuna de la indecencia política.