Por: José Luis Ramírez
Dicen que la escalera al infierno está hecha de buenas intenciones. Transformar la Policía Vial y armarla es uno de esos casos. Hoy, el infierno ha tocado las puertas del nuevo Ayuntamiento.
Para poder entender qué origina la policía vial y su responsabilidad, le doy unos datos. Según las Organización Mundial de la Salud, cada año, las colisiones causadas por el tránsito causan la muerte de aproximadamente 1,3 millones de personas; los accidentes de tránsito cuestan a la mayoría de los países el 3% de su PIB; más de la mitad de las defunciones por accidentes de tránsito afectan a peatones, ciclistas y motociclistas. Los traumatismos debidos al tránsito son la principal causa de mortalidad entre las personas de cinco a 29 años.
Frente a esos hechos, el Estado ha formulado leyes que permitan frenar y disminuir esos hechos. En nuestro entidad se creó la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, y tiene por objeto “establecer las bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las personas, bienes y mercancías, garantizando a todas las personas que se encuentren en el Estado, las condiciones y derechos para su desplazamiento por el territorio… de manera segura, igualitaria, sustentable y eficiente”.
En nuestro municipio, a su vez se formuló el REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y POLICÍA VIAL, y tiene por objeto “establecer normas de prevención y de seguridad vial relativas a la movilidad de las personas, bienes y al tránsito vehicular” y para “asegurar el derecho de movilidad en condiciones de seguridad, igualdad, calidad, accesibilidad y sustentabilidad, y la preservación de la vida, la salud y el patrimonio de las personas, y especifica entre otras cosas, los derechos y obligaciones de los sujetos de la movilidad.
Para tener claridad, recordemos cuatro cosas: Uno, la Movilidad es un derecho que consiste en el desplazamiento de personas, bienes y mercancías que se realizan, a través de las diferentes formas y modalidades de transporte, y tiene como eje central a la persona. Dos, los sujetos de la Movilidad, que son los peatones, personas con discapacidad o movilidad reducida, usuarios de la movilidad no motorizada, ciclistas, usuarios y operadores de vehículos de transporte público y especial, motociclistas.
Tres, la Policía Vial, son los encargados de brindar seguridad vial y regular el tránsito de personas y vehículos en el Municipio, no hay que olvidar lo anterior. Están facultados para aplicar el Reglamento de Tránsito y Policía Vial. No son policías preventivos.
Cuatro, la Vía pública, que es el espacio de dominio público y uso común que por disposición de la Ley o por razones del servicio esté destinado a la movilidad de las personas, bienes y vehículos motorizados y no motorizados;
Ya que tenemos claro para qué, y porqué se necesita a los agentes de tránsito y policía vial, y cuáles son sus funciones legales, pasemos al tema medular de esta columna.
El contexto de violencia, criminalidad y delincuencia fue creciendo al punto que incluso el cuerpo policiaco preventivo, decreció a menos de la mitad en seis años. La desesperación por la falta de policías municipales, hizo que voltearan los ojos a la reserva cautiva de recursos humanos de la Dirección de tránsito y policía vial para engrosar la policía municipal.
Con la ciudadana Paniagua se inició el proceso de cooptación de personal, con muchas dudas legales en el ámbito laboral, y con resultados que a larga vendrían a ser peligrosos y mortales. Así, de golpe pusieron en marcha la idea de la integración de 297 elementos de la corporación de Transito y policía vial a tareas de seguridad, de ellos 192 elementos operativos presentaron los exámenes de control y confianza, para después buscar armarlos con licencia de la Sedena. Tan radical era el cambio que los capacitarían en el Infopol, entre otras cosas, para usar armas de fuego.
El argumento, o truco para cooptarlos fue que era “debido a la peligrosidad que representa su trabajo”. Lo cierto es que el antecedente de bajas en ese cuerpo administrativo, fue por causas ajenas a su actividad laboral. En abril del año pasado, 1 fue secuestrado y asesinado, y dos de sus compañeros fueron ejecutados en el velorio del primero. Mientras que en la Policía Municipal, hasta septiembre de este año, 24 elementos habían sido asesinados. Fueron enfáticos “queremos a personal capacitado en el uso de armamento”. ¿Para qué?
De los 192 elementos con los que se inició el proceso de cooptación, solo 141 elementos de tránsito y policía vial aprobaron el examen de control y confianza, y fueron capacitados al vapor “con armas tipo escuadras calibre 38 super”. El discurso siguió siendo el mismo “era indispensable completar su formación como policías”. Sobre el destino de los otros 51 elementos que no aprobaron el examen no se dijo nada, ¿los despedirán?
Hace 27 días, el director de Tránsito y Policía Vial reveló el verdadero objetivo de la capacitación de los elementos de vialidad, es “para auxiliar en el combate de delitos del orden común”. Y señaló, “para inicios del 2022 los tránsitos ya puedan contar con su arma corta y chalecos antibalas como parte de su equipamiento”, y la otra parte serían unidades sedan y motocicletas para la realización del trabajo diario. Compare con el nivel de equipamiento de la Sedena, la Marina, la AIC, la FESPE, incluso de la policía municipal.
Los delitos del orden común, han traspasado la frontera de actos delincuenciales, son calculados, organizados y llevados a límites impensados. Los delitos del fuero común como el robo, extorsión, fraude, abuso de confianza, despojo, privación de la libertad en su modalidad de secuestro, lesiones y homicidio son de una naturaleza por encima de la capacidad y competencia municipal, pero ese es el nuevo escenario en las calles.
Los últimos dos atentados fatales a elementos de Tránsito y Vialidad, más allá de su causa, deben hacernos preguntar varias cosas. Primero ¿fue consensada legalmente y voluntaria la reasignación de los agentes de tránsito y vialidad a policías municipales? Segundo, ¿la doble función que realizarán, control de tráfico y vialidad, y seguridad municipal, será remunerada en esa proporción? tercero ¿Al cambiar las condiciones laborales y sus funciones, cambiaran las condiciones contractuales? Cuarto, ¿frente a la superioridad en armas y estrategia de los delincuentes, es suficiente la preparación que reciben en Infopol para sacarlos a esa doble tarea?
Sigo. Quinto ¿Al estar rebasada la respuesta corporativa de la policía municipal por los eventos criminales, el uso de la corporación de Tránsito y vialidad para esos fines, dejará un vacío en el control del tráfico y movilidad de la ciudad? Sexta, hasta ahora ninguna estrategia municipal, estatal, federal ha frenado y mucho menos controlado la criminalidad ¿Qué les hace pensar que elevando el número de elementos de tránsito y vialidad, sin experiencia y sin entrenamiento, les permitirá, en primer lugar proteger su vida, y luego la de los ciudadanos?
Continuo. Séptimo, el número de elementos estatales y federales en Celaya ha aumentado considerablemente en los últimos seis meses, están capacitados y equipados pero los resultados son magros, entonces el Ciudadano Presidente Mendoza Márquez, no está exponiendo la vida de los agentes de tránsito y vialidad, al no cubrir con el perfil laboral y profesional que requieren las actuales circunstancias? Octavo, quien tiene la competencia para perseguir, e investigar los delitos del orden común, es la policía estatal y la fiscalía; en el caso de los delitos federales, la Guardia Nacional ¿No sería mejor exigir hasta las últimas consecuencias políticas, económicas y jurídicas que cumplan con sus tareas?
Estoy cierto, que combatir la ilegalidad con ilegalidad, trucos y mentiras es lo que nos ha llevado a este terreno de corrupción, complicidad, impunidad y criminalidad. El gobierno municipal, tiene la obligación legal, moral y ética de impedir que decenas de servidores públicos sean usados como blanco fácil de acciones criminales, y si hubiera consenso, debe contratarlos de manera voluntaria, legal bajo nuevas condiciones salariales, y prestaciones laborales que garanticen fidelidad a la institución, y a la misión principal, la de proteger la vida, la libertad y el patrimonio de los celayenses. De no ser así, sumarán más nombres a lo obituarios, o a las filas de la delincuencia.
Revolcadero. Sacan de las calles de la ciudad a 197 elementos de la Corporación de Transito y Policía de Vialidad para protegerlos de mas atentados. Mejor ejemplo de la fortaleza de la delincuencia no hay, estamos más indefensos que nunca.