Zamarripa: A prueba de fuego

Por José Luis Ramírez

Las llamas de Celaya, como la antigua Roma Neroniana, hace unos días iluminaron el mundo entero, pero eso no fue motivo suficiente para poner en duda la falta de seguridad y procuración de justicia en todo el estado de Guanajuato.

Un operativo de la Fiscalía estatal a cargo del Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, entró a la comunidad de Helguera para recuperar “un vehículo robado”. No sería raro, excepto porque recordemos que cuatro mil 470 autos “asegurados” fueron robados en Guanajuato de octubre de 2018 a septiembre de 2019, y representaba un incremento del 14% con respecto al periodo anterior (AMIS), y sí, el 65.9% ocurrieron con violencia. Para esa tremenda acción, pidieron el apoyo de la Fiscalía federal.

El resultado de esa intervención, fue la detención de los familiares de Antonio Yépez, quienes fueron liberados días después por un juez estatal, es decir, de la misma institución que los detuvo. Ayer viernes en su comparecencia en el Congreso, el Fiscal, señaló, la orden “nos la concedió un juez estatal”, pero no se pudo realizar. Sin embargo, señala que se encontró dinero, drogas, en sus propias palabras: “el Juez no dictó habilitación, el revés en la resolución no es el final del combate… lo acontecido generará una experiencia para que en futuras ocasiones sea exitosa”.

Le doy un dato de esa experiencia acumulada, Carlos Zamarripa llegó a dirigir la procuración de justicia en el 2009, y había 24 homicidios mensuales, al 2020, tiene en su inventario 282 homicidios por mes. Alvar Cabeza de Vaca, la sombra o espejo del Fiscal, llegó a dirigir la seguridad estatal en el 2012, y empezó con 98 homicidios mensuales, y su registro es igual: 282 al mes de mayo de este año.

Su expertise de Zamarripa es de 12 años en el mismo cargo, de Alvar es de 8 años. Ambos han pasado de un gobernador a otro.  Hablar de estadística es maquillar con pulcritud el verdadero rostro de la muerte, el dolor, la ausencia, la desolación de miles de familias e invocar la frialdad de los números que por sí mismo asustan. 

En el informe presentado la semana pasada por el Fiscal de Guanajuato, se mencionaron 164 mil 503 carpetas de investigación abiertas, de ellas solo 14 mil 805 son casos judicializados, es decir procesados, por lo tanto existen 150 958 carpetas de investigación pendientes. 

De las 14mil 805 casos tratados –judicializados-, hubo casos con resolución adversa, salida alterna (acuerdo), perdón, conciliación, no hubo delito, y claro, los delitos que cimbran día a día son los menos en esta raquítica “procuración de justicia”. Y le doy un dato, de ese universo solo hubo 276 sentencias condenatorias. Y otro dato, solo el 9% de las investigaciones de la Fiscalía llega a juicio.

A raíz de la detención, y luego la liberación de los familiares del hombre mas buscado del condado, Carlos Zamarripa se convirtió en el blanco del enojo popular, y del gobierno federal. El Fiscal, llegó a la cumbre de su carrera envuelto en las llamas de la mas absoluta desconfianza. Nadie cree en él, ni el gobierno federal, ni los gobiernos municipales, y mucho menos aquellos que le apostaron vida y muerte, negocios y fortunas a cambio de protección. La traición, la grita a cuatro vientos su competidor en popularidad, Antonio Yépez.

Guanajuato es un incendio, un huracán de violencia y crimen. Ni Zamarripa, ni Alvar han carecido de financiamiento estatal para enfrentar sus responsabilidades institucionales. Lo han tenido a manos llenas, pero solo hay crímenes y lamentos, esquelas y lágrimas de cocodrilo. 

En el curso de esta misma semana Irapuato se bañó de sangre; en Silao, Apaseo el Alto, Celaya, Acámbaro la nota roja estremece los hogares que ya no solo viven con el pánico de la pandemia. En este momento que escribo, sábado 4 de julio, en tres Colonias de Celaya, a plena luz del día, hay ataques con granadas, e incendios a casas habitación. En una semana de sangre, el Fiscal, su fiel escudero, y el Gobernador, se derrumban ante la ciudadanía. El discurso no les alcanza, no pueden ocultar la barbarie y el horror que los grupos de la delincuencia organizada van sembrando a su paso.

El gobierno federal, después del incendio manda los bomberos, su mensaje nacional sobre la gravedad de los hechos de violencia, corrupción, complicidad e impunidad en Guanajuato, ha puesto en la silla de los acusados al Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre. No es un asunto menor, o se derrumba el bunker de la alianza Alvar-Zamarripa- Sinhue, o se derrumban las instituciones federales, no es la palabra del Fiscal de la Nación, ni la del Presidente las que están en juego, es la seguridad nacional, y eso ya no es un asunto de policías y ladrones. 

Zamarripa debe estar haciendo sus maletas, y Alvar, ni la Black Bamba lo salvará del repudio nacional, y no del juicio de la historia, porque el pantano es mas hondo de lo que pensaron.

Revolcadero.

La suspensión del agua potable a los ciudadanos por parte de Jumapa, no es otra cosa que un desacato al “Decreto Federal (DOF: 27/03/2020), por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional, en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave, de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2”. No hay tregua, crece el número de MUERTOS por COVID-19. ¿Cuántos de ellos fueron por carecer de la única forma de prevención: el agua?

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